La Confederación General de los Trabajadores Portugueses–Intersindical Nacional (CGTP-IN) convocó una huelga general para el 3 de junio en rechazo al paquete de reforma laboral que negocia el Ejecutivo conservador de Luís Montenegro. El anuncio fue realizado este 1 de mayo por el secretario general de la organización, Tiago Oliveira, durante una entrevista con RTP Notícias, en el marco del Día Internacional de los Trabajadores. Más del 75% de los portugueses considera que la reforma favorece a los patronos.

Oliveira explicó que la decisión responde a las mismas razones que llevaron a la huelga general anterior, celebrada el 11 de diciembre y considerada la primera en 12 años en el país. “Vamos a seguir por este camino de denuncia, pero también de lucha por una vida mejor”, afirmó, al insistir en la exigencia de retirar el paquete de medidas laborales y abrir una discusión que contribuya a mejorar la situación de los trabajadores.

Los trabajadores refieren que la reforma es regresiva en numerosos aspectos, pues desregula los horarios de trabajo, amplía los contratos precarios, facilita el despido y afecta los derechos de maternidad y paternidad, entre otros déficits.

Presión sindical

La convocatoria se produce en medio de un escenario de tensión entre el Gobierno y las centrales sindicales. En la misma jornada, el secretario general de la Unión General de los Trabajadores (UGT), Mário Mourão, señaló que su organización no descarta avanzar hacia una huelga general, aunque esa decisión se tomará después del 7 de mayo, tras una reunión prevista con el Ejecutivo.

La CGTP-IN y la UGT tienen previstas este viernes varias manifestaciones y actos en todo Portugal con motivo del Día Internacional de los Trabajadores. La principal concentración está anunciada en Lisboa (capital), donde se prevé una marcha para pedir, entre otras consignas, “derrotar al paquete laboral”.

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Reforma en debate

La reforma laboral presentada por el Gobierno portugués a mediados de 2025, conocida como “Trabalho XXI”, lleva meses de negociación con patronal y sindicatos. El proyecto plantea cambios en más de un centenario de artículos del Código de Trabajo y, según el Ejecutivo, busca dinamizar la productividad y reforzar el crecimiento económico.

Sin embargo, los representantes de los trabajadores sostienen que la propuesta desregula los horarios de trabajo, amplía los contratos precarios, facilita el despido y afecta los derechos de maternidad y paternidad. Entre los puntos más cuestionados figuran la eliminación del freno al outsourcing (subcontratación), la ampliación del banco de horas individuales y la modificación de normas sobre contratación temporal y servicios mínimos en caso de huelga.

Críticas al paquete laboral

Los sindicatos también afirman que la reforma desplaza el equilibrio en favor del empresariado y recorta derechos ya conquistados, pese a que Portugal atraviesa un período de estabilidad económica y mantiene una de las tasas de desempleo más bajas de la Unión Europea.

La ministra de Trabajo, Rosário Palma Ramalho, ha defendido la iniciativa como una oportunidad para modernizar el tejido productivo portugués, pero más del 75% de los portugueses considera que la reforma favorece a los patronos, según un sondeo reciente.

Más de 190.000 firmas demuestran claramente el rechazo del sector laboral al Paquete Laboral. Foto: @CGTP_IN

En el frente sindical, la UGT rechazó la última propuesta en su secretariado nacional, mientras que la CGTP-IN quedó prácticamente excluida de las negociaciones. El Gobierno, por su parte, ha dejado claro que llevará la iniciativa al Parlamento incluso sin acuerdo social, una posición que ha reforzado la confrontación con las organizaciones de trabajadores.

Mientras tanto, Chega, el partido de extrema derecha liderado por André Ventura, se ofreció como socio parlamentario alternativo para impulsar la reforma laboral en Portugal, al presentar cinco condiciones que incluyen limitar la precarización y reforzar la protección en maternidad y paternidad, aunque su trayectoria legislativa ha generado dudas sobre la consistencia de su posición.

Impacto en trabajadores sénior

Entre los colectivos que más preocupación expresan por la reforma figuran los trabajadores mayores de 50 años, especialmente en el sector privado. La eliminación del “travão ao outsourcing” (frenos a la subcontratación) abre la posibilidad de que empresas sustituyan empleados con más antigüedad y mayores costos por prestadores externos más baratos y con menos estabilidad laboral.

Esa inquietud se agrava porque la reforma no se aplicaría al sector público, que sigue regido por la Ley general sobre el empleo en funciones públicas, lo cual deja fuera de los cambios a la Administración Pública y crea un sistema dual en el que el Estado exige flexibilidad al sector privado sin someterse a las mismas reglas, profundizando una desigualdad ya existente en el mercado laboral portugués.

En ese contexto, un trabajador de 55 años en una empresa privada podría enfrentar mayor precariedad al final de su vida laboral, mientras que su equivalente en la función pública no vería alterada su situación. La desigualdad estructural entre ambos sectores, ya existente en Portugal, se profundiza con una reforma que, lejos de corregirla, la amplía.

Contexto social

Portugal figura entre los países más envejecidos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y más del 24% de su población supera los 65 años. En ese contexto, la discusión sobre la reforma laboral incorpora también el debate sobre la protección de quienes están en la etapa final de su vida profesional y enfrentan mayores riesgos de exclusión laboral.

La presión social también se refleja en el malestar por el costo de vida ya que más de la mitad de los trabajadores ganan menos de 1.000 euros brutos al mes (1.172 dólares al cambio actual), lo que alimenta el rechazo sindical a una reforma percibida como favorable al empresariado.

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